Por Carol Zimmermann

WASHINGTON (CNS) — En el primer caso importante sobre el aborto en la Corte Suprema en décadas, que examinó la prohibición de Mississippi sobre los abortos después de 15 semanas de embarazo, la mayoría de los jueces parecían dispuestos el 1 de diciembre a dejar que la prohibición se mantenga.

Pero no estaba claro si irían más allá y anularían el antecedente de Roe contra Wade que permitió el aborto en EE.UU. como un derecho.

Mientras los jueces consideraban la ley estatal y las posibles ramificaciones de apoyarla o no, partidarios de ambos lados del asunto estaban en las escalinatas de la Corte Suprema exponiendo la división en este tema por lo que gritaban o con sus mensajes en pancartas calificaban al aborto como un asesinato o un derecho esencial.

En varios momentos en la etapa de argumentos, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, continuó centrando la atención en el tema principal: la prohibición de abortar a las 15 semanas en Mississippi, que fue anulada por un Tribunal Federal de Distrito en Mississippi en 2018 y confirmada un año después por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans.

Una prohibición de 15 semanas no es “una desviación drástica de la viabilidad”, dijo Roberts.

El punto de viabilidad –cuando se dice que un feto es capaz de sobrevivir por sí mismo– fue clave en la discusión porque el Tribunal Supremo ha dictaminado sistemáticamente que los estados no pueden restringir el aborto antes de las 24 semanas o cuando se dice que un feto es capaz de sobrevivir por sí mismo.

Roberts parecía tener dudas en cuanto a llevar el asunto más allá al preguntar si en el caso que el tribunal anulara Roe vs. Wade, también se le pediría que reconsiderara varios otros casos que la gente podría decir que se han decidido erróneamente.

Y en esa discusión sobre decisiones anteriores del tribunal, el uso de “stare decisis” surgió con frecuencia. El término, que literalmente significa mantener lo que se ha decidido, se utilizó en referencia a casos anteriores sobre el aborto, pero también a otros varios casos en los que algunos jueces señalaron que el precedente no debería ser siempre un factor decisivo y que algunos casos debían ser revocados.

El juez Stephen Breyer indicó que el tribunal estaba pisando un terreno controversial y que le preocupaba que su decisión pudiera ser vista como algo meramente político.

La jueza Sonia Sotomayor fue más allá y dijo que el tribunal sería visto como altamente politizado si anulaba el antecedente Roe y otros fallos relacionados. “¿Sobrevivirá esta institución el mal olor que esto crearía en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son sólo actos políticos?”, preguntó. “No veo cómo es posible”.

Pero a medida que los argumentos continuaban, la mayor reflexión parecía centrarse en la cuestión del aborto en sí y en la posibilidad de devolver el asunto “al pueblo”, como sugirió el procurador general de Mississippi, Scott Stewart.

Stewart subrayó que las decisiones judiciales Roe y Casey “persiguen a nuestro país” y “no tienen cabida en nuestra historia ni en nuestras tradiciones”.

El caso Casey contra Planned Parenthood es la decisión de 1992 que afirmó el fallo en Roe y también subrayó que una regulación estatal sobre el aborto no podía imponer una “carga indebida” a una mujer “que busca un aborto antes de que el feto alcance la viabilidad”.

El juez Brett Kavanaugh enfatizó que el tribunal se estaba viendo obligado a “elegir un bando” en un tema polémico y cuestionó por qué el tribunal tenía que ser el árbitro aquí.

“La Constitución no está ni a favor de la vida ni a favor del aborto”, dijo, y señaló que “deja la cuestión al pueblo para que la resuelva en el proceso democrático”.

El juez Clarence Thomas preguntó qué pensaban los que se oponían a la prohibición estatal sobre el derecho constitucional al aborto, y el juez Samuel Alito habló de que el feto tiene “un interés en tener una vida”.

Julie Rikelman, del Centro de Derechos Reproductivos, que representó a la Organización de Salud de la Mujer de Jackson en su impugnación de la ley de aborto de Mississippi, dijo que mantener la ley en vigor causaría “un profundo daño a la libertad de la mujer, a la igualdad y al estado de derecho”.

La procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, continuó argumentando que anular las sentencias anteriores del tribunal sobre el aborto tendría efectos “graves y rápidos” que provocarían restricciones al aborto en otros estados.

Si el tribunal da la razón a Mississippi, sería la primera vez que el tribunal permitiría una prohibición del aborto antes del punto de viabilidad y podría sentar las bases para otras restricciones al aborto que podrían seguir en otros estados.

La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., en un escrito judicial de apoyo a Mississippi, subrayó que el aborto no es un derecho creado por la Constitución y lo calificó de “intrínsecamente diferente de otros tipos de decisiones personales a las que este tribunal ha concedido protección constitucional”.

Refiriéndose a las principales decisiones del tribunal sobre el aborto, el escrito advertía que si el Tribunal Supremo “sigue tratando el aborto como una cuestión constitucional”, se enfrentará a más preguntas en el futuro sobre “qué tipo de regulaciones del aborto son permisibles”.

Justo cuando comenzaron los argumentos, la USCCB emitió una declaración del arzobispo William E. Lori de Baltimore, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida, que decía: “Rezamos para que el tribunal haga lo correcto y permita que los estados vuelvan a limitar o prohibir el aborto y, al hacerlo, protejan a millones de niños no nacidos y a sus madres de este doloroso acto que destruye la vida”.

Se espera un fallo sobre el caso en julio.