Por Rhina Guidos

Catholic News Service

SAN SALVADOR, El Salvador (CNS) — La imagen de Jesús, esposado y con ojos vendados en las procesiones de Semana Santa aquí, entró muy cerca en el corazón de Gabriela Rivas. Como muchas mujeres en El Salvador, Rivas pasó la Semana Santa buscando ayuda para su esposo, detenido sin causa, dijo, por autoridades el 10 de abril, Domingo de Ramos.

“No sabemos en qué condición está, no tenemos acceso a nada, no hay comunicación, no hay visitas”, y no hay forma de sacarlo de la carcel, dijo Rivas, una madre católica de dos hijos, en una entrevista el 15 de abril con Catholic News Service.

El esposo de Rivas es uno de los más de 12,000 salvadoreños que el gobierno ha detenido desde el 27 de marzo, el día en que legisladores aprobaron una ley de emergencia que facilitó las detenciones en el país centroamericano, una medida necesaria, dijeron las autoridades, para combatir la violencia de las pandillas tras un fin de semana que cobró un número récord de homicidios a finales de marzo.

“Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días”, tuiteó el presidente salvadoreño Nayib Bukele el 15 de abril.

Pero Rivas dijo que su esposo no era terrorista ni pandillero. Era un motorista que intentaba ganarse el pan de cada día para sostener a su familia cuando el gobierno lo detuvo injustamente usando la ley de emergencia.

La medida suspende por 30 días libertades constitucionales, como el derecho de reunión, debido proceso, privacidad en las comunicaciones, y amenaza con detener a presuntos “colaboradores” de pandillas.

Muchos en el país centroamericano de alrededor de 6 millones han aplaudido las detenciones, algunas que han salido en la cuenta de Twitter del presidente con fotos de algunos de los detenidos con tatuajes afiliados a pandillas. Pero recientemente, Marvin Reyes, representante del Sindicato de Trabajadores de la Policía de El Salvador, dijo a las agencias de noticias en una conferencia de prensa que los policías han sido presionados para dar “falsas declaraciones” para cumplir con una cuota de detenciones.

Rivas cree que eso fue lo que le sucedió a su esposo, quien no tiene antecedentes penales ni afiliación con pandillas. Era solo un número para complacer una cuota, cree ella.

“Un oficial me dijo a mí de que era por las amistades que él tenía”, dijo, y piensa que se inventó la acusación, señalando a su esposo como un colaborador de pandillas sin tener pruebas.

Bukele reconoció a través de Twitter la probabilidad del “1%” de que algunas personas inocentes puedan ser detenidas bajo las detenciones masivas, sin embargo, organismos que velan por los derechos humanos en el país consideran que el porcentaje es más alto.

Entre las detenciones cuestionables más notables existe un incidente del 9 de abril que involucró a cuatro baristas capturados cuando se dirigían a su casa después de un turno. Las autoridades los fotografiaron esposados, con el uniforme de una cafetería popular donde trabajaban, subieron sus fotos a Twitter, identificaron a los jóvenes como pandilleros diciendo que el dinero de las propinas provenía de actividades ilegales. Sin embargo, tras protestas públicas, fueron liberados.

El periódico El Diario de Hoy también informó el 11 de abril del caso de un salvadoreño que estaba de visita en El Salvador desde EE.UU. con su sobrino, un menor de edad de Virginia. Ambos fueron detenidos cuando la policía allanó un evento donde se recaudaba fondos para una persona que padecía de una deficiencia renal. Amigos y conocidos recurrieron a Twitter para crear conciencia sobre su detención, pero no se sabe si han sido liberados.

Algunos dicen que los agentes de policía han estado yendo de puerta en puerta en algunos de los barrios más pobres del país preguntando cuales residentes tienen tatuajes, ya que los pandilleros los usan para identificarse con un grupo criminal en particular.

Como muchos salvadoreños, Rivas dijo que está harta de las pandillas y de la miseria que han desatado en gran medida sobre los pobres de El Salvador, pero pisotear los derechos básicos de los inocentes para acabar con ellos no está bien, dijo.

“Estamos de acuerdo que el gobierno combata hacia las pandillas pero también estamos de acuerdo que deberían hacer una investigación y que ellos tuvieran una denuncia, decirle ‘miren lo vamos detener por esto’ (antes de llevárselos)…tener su denuncia pero no, aquí no ha habido (debido) proceso”, dijo Rivas.

En una conferencia de prensa el 17 de abril, el arzobispo José Luis Escobar Alas de la Arquidiócesis de San Salvador, comparó las detenciones a una “medicina de mal gusto” diciendo que se habían considerado necesarias para detener el nivel de violencia y dijo que había hablado con “muchas personas” que vieron “esperanza” en lo que estaba pasando.

“He podido platicar con las personas del pueblo, personas que les toca que tomar el bus diariamente o que tienen sus pequeños negocios, etcétera, y la verdad, todas estas personas me han expresado estar de acuerdo, estar contentas, estar agradecidas porque sienten un alivio en su situación. Ahora ya pueden caminar con seguridad”, dijo el arzobispo. “Eso también hay que decirlo y, bueno, hay que decir que la violencia en este país, que este es el verdadero problema”.

La conferencia episcopal de obispos católicos salvadoreños no ha dicho nada al respecto, aunque algunos obispos oraron públicamente por las familias cuyos seres queridos han sido detenidos sin pruebas, y otros, como el cardenal Gregorio Rosa Chávez del país, instaron al gobierno a buscar el diálogo con otros actores en sociedad civil salvadoreña.

Algunos argumentan que las medidas de emergencia se han utilizado para restringir el derecho de la prensa, ya que el presidente y el partido Nuevas Ideas que fundó han atacado a periodistas.

En una declaración del 5 de abril, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, advirtió al gobierno contra algunas de las violaciones de derechos que han sufrido durante la persecución de elementos criminales.

“Las pandillas representan una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y Estados Unidos”, dijo. “Instamos a El Salvador a abordar esta amenaza y al mismo tiempo proteger las libertades civiles vitales, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.

También instó al gobierno salvadoreño a permitir la extradición de ciertos líderes de pandillas en el país “para enfrentar la justicia en los Estados Unidos”, algo que ha sido negado.

El arzobispo Escobar Alas dijo que espera que abogados puedan enderezar cualquier caso que haya involucrado la detención de personas inocentes e instó al gobierno a brindar información a las familias sobre el paradero de sus seres queridos.

Para aquellos como Rivas, sin embargo, el daño ya está hecho. Ha contratado a un abogado, lo que le ha restado dinero a una situación económica ya de por sí precaria para la familia. El abogado le dijo que buscara declaraciones de vecinos, amigos, cualquier persona para que una vez que a su esposo se le permita tener un día en los tribunales, tal vez el apoyo de la comunidad pueda liberarlo, al igual que se liberaron a los baristas. Sus hijos han estado llorando, sus suegros también y ella está preocupada por los estragos económicos que la situación ha desatado en su familia.

“De él dependen dos hijos, él tiene un préstamo en el banco que él tiene que iniciar a pagar”, y aunque ella contribuye al ingreso mensual de la familia, él es quien paga la mayoría de las cuentas mensuales, dijo.

“Él nunca estuvo involucrado en problemas, ni siquiera cuando era joven, y mucho menos ahora que es un adulto con hijos que mantener”, dijo. “Nunca tuvo problemas, ni en su juventud, ni ahora que él ya es adulto. Entonces nos afecta de una manera, o sea, lamentable, pues, porque no esperábamos esto”.