Por Carol Zimmermann

WASHINGTON (CNS) – Líderes católicos elogiaron la decisión de la Corte Suprema del 30 de junio, que autorizó a la administración de Joe Biden rescindir una política de inmigración de la era de Donald Trump, “Quédate en México”, que requería que los solicitantes de asilo en la frontera suroeste de Estados Unidos esperaran en México para sus audiencias de asilo.

La decisión de 5-4 en Biden v. Texas fue escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts; a él se unieron los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, y Brett Kavanaugh.

En su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden suspendió los Protocolos de Protección de Migrantes de 2019 (o MPP, por sus siglas en ingles), implementados por el expresidente Donald Trump en un esfuerzo por frenar la afluencia de personas que llegan a la frontera sur en busca de asilo en Estados Unidos.

Biden buscó formalmente poner fin al programa meses después, pero los tribunales inferiores ordenaron que se restableciera la política en respuesta a una demanda de Texas y Missouri, liderada por los republicanos.

Desde enero de 2019 — cuando la administración de Trump inició el programa — hasta fines de 2020, casi 70,000 migrantes fueron enviados de regreso a México para esperar sus audiencias judiciales, según el Consejo Estadounidense de Inmigración. Defensores de la inmigración, incluyendo muchas organizaciones católicas, se han pronunciado en contra de esta política. Durante los argumentos orales a fines de abril, los activistas realizaron una manifestación frente a la Corte Suprema con carteles con el mensaje “seguro, no varado”.

El fallo de la Corte Suprema, la última opinión emitida para el período actual, señaló que la decisión del tribunal inferior sobre la política de inmigración “impuso una carga significativa sobre la capacidad del ejecutivo para mantener relaciones diplomáticas con México”, particularmente porque Estados Unidos no puede enviar migrantes de Centroamérica a México sin negociar estas acciones con funcionarios mexicanos.

Una disidencia — escrita por el juez Samuel Alito y acompañada por los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch — expresaba que el Departamento de Seguridad Nacional no debería tener la libertad de “simplemente liberar en el país un número incalculable de extranjeros que es muy probable que sean expulsados al presentarse a sus audiencias. Esta práctica viola los términos claros de la ley, pero el tribunal mira para otro lado”.

Una declaración conjunta emitida por los líderes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la Red Católica de Inmigración Legal (o CLINIC, por sus siglas en ingles) y Caridades Católicas USA, dijo que la decisión de la Corte Suprema “reconoce y preserva la capacidad del poder ejecutivo para revertir políticas insostenibles, ilegales, e inmorales, independientemente de quién esté en el cargo”.

También dijeron que la política de asilo “obstruyó el debido proceso y sometió a las personas a los mismos peligros que los obligaron a buscar refugio en Estados Unidos”. “Con este fallo, damos la bienvenida al final del MPP”, manifestaron el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del Comité de Migración de la USCCB, la hermana dominicana Donna Markham, presidenta y directora ejecutiva de Caridades Católicas USA, y Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC.

Los líderes también señalaron que el fallo de la corte no “resuelve los desafíos actuales en la frontera suroeste de nuestro país”, pero dijeron que ayuda a “preparar el camino a seguir”.

Los tres grupos habían presentado informes “amicus curiae” en el caso. En una serie de tuits del 30 de junio, Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, dijo que acogía con beneplácito la decisión de la corte de permitir que el gobierno de Biden ponga fin a la política que “devuelve inhumanamente a solicitantes de asilo y migrantes vulnerables a condiciones peligrosas en México”.

Pidió el fin de esa política y de “todas las políticas que niegan el derecho a buscar asilo en nuestra frontera, incluyendo el Título 42”, una política de la era de la pandemia bajo la cual la Patrulla Fronteriza ha rechazado a cientos de miles de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México en los últimos dos años.

Corbett dijo que su organización conoce de primera mano “el daño irreparable causado por estas políticas” y también sabe que el proceso de recibir a los solicitantes de asilo puede ser “seguro, humano, y ordenado”.

Joan Rosenhauer, directora ejecutiva del Servicio Jesuita a Refugiados de Estados Unidos, expresó una opinión similar y también señaló que los solicitantes de asilo obligados a esperar en México a menudo se encontraban en circunstancias peligrosas e inciertas con acceso limitado a vivienda, educación, oportunidades laborales, y asesoría legal.

“Nuestro personal en la frontera escucha historias todos los días de familias con niños que escaparon de circunstancias horribles”, dijo, y agregó que está complacida de que aquellos que han esperado tanto ahora puedan presentar sus solicitudes de asilo y buscar protección en Estados Unidos.

“Seguiremos trabajando con estas familias para garantizar que se satisfagan sus necesidades”, acotó, instando a la administración de Biden “tomar todos los pasos necesarios para terminar rápidamente con el MPP y establecer un proceso de asilo efectivo y eficiente”.