MANAGUA, Nicaragua (OSV News) – Un tribunal dictaminó en una audiencia del 10 de enero que un obispo nicaragüense, detenido desde agosto, será juzgado por los cargos de difusión de información falsa y conspiración.
El Obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, quien ha sido acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, apareció vestido con una camisa blanca y luciendo demacrado, según una foto compartida por el tribunal de Managua, la capital del país. Una nota de prensa difundida por la oficina de prensa del complejo judicial central de Managua señaló que ese día “se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso penal donde compareció Rolando José Álvarez Lagos en su calidad de acusado”.
El Obispo Álvarez ha criticado abiertamente al gobierno de Nicaragua y fue puesto forzosamente bajo arresto domiciliario en agosto, un acto ampliamente criticado por los defensores de los derechos humanos en todo el mundo.
“Los procesos estos ya ni siquiera gozan de legalidad e incluso a veces hasta te ponen en modo defensor”, dijo a OSV News Yader Morazán, un nicaragüense exiliado.
Al Obispo Álvarez no se le permitió elegir su propio abogado. El defensor público, dijo Morazán, tiene un historial de mala representación de sacerdotes y vínculos con el régimen. La jueza del caso, Gloria Saavedra, fue designada en 2019, pero “no ha hecho carrera judicial como lo establece las leyes en nuestro país”.
“Ha sido procesado por una audiencia clandestina sin siquiera poder ser acompañado por sus familiares, con un abogado impuesto y bajo una juez nombrada específicamente para ese tipo de roles”, agregó Morazán.
El obispo fue acusado el 13 de diciembre, casi cuatro meses después de haber sido detenido sin el debido proceso. Se le asignó un defensor público, se le indicó la fecha de su juicio y se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario.
La audiencia preliminar fue apenas su segunda comparecencia fuera del arresto domiciliario, en el que permanece incomunicado desde su arresto en agosto.
“La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar manteniendo el arresto domiciliario, asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio”, señaló un escueto comunicado del juzgado de Managua.
En una declaración del 16 de diciembre, el obispo David J. Malloy de Rockford, Illinois, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., condenó los cargos y hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional para que “busquen la liberación inmediata del Obispo Álvarez, la restauración de la libertad religiosa y las garantías de los derechos humanos, e inicien un proceso de restauración del orden democrático y el estado de derecho en Nicaragua”.
Según informó Catholic News Service, el Obispo Álvarez fue asediado a principios de agosto cuando le impidieron salir de un edificio perteneciente a la Diócesis de Matagalpa.
Los soldados rodearon el edificio durante días y, posteriormente, algunos laicos y sacerdotes que estaban dentro del edificio con él fueron detenidos y enviados a prisión.
El Obispo Álvarez fue sustraído alrededor de las 3 a.m. el 19 de agosto por agentes policiales. Fue acusado de conspiración en diciembre.
La última crisis sociopolítica y económica de Nicaragua comenzó en 2018. Según un artículo de OSV News, en los cuatro años siguientes, la Iglesia sufrió 190 atentados, que van desde una bomba molotov en la catedral de Managua hasta disparos contra carros de obispos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega también ha arrestado a otros sacerdotes, seminaristas y laicos. Su represión contra la Iglesia también incluyó “profanaciones de imágenes sagradas e incluso profanaciones del Santísimo Sacramento”, dijo el Obispo Malloy, presidente del comité de política internacional de los obispos de EE.UU.
“Desde la sangrienta represión de manifestantes pacíficos en 2018… el régimen y sus aliados han estado implementando una política de agresión e intimidación física, retórica e institucional severa y sistemática contra la Iglesia Católica en Nicaragua”, dijo en el comunicado de diciembre. En 2022, el gobierno de Nicaragua cerró ONG católicas, incluida la organización caritativa dirigida por las Misioneras de la Caridad. También expulsó al nuncio apostólico, el arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag. Además, el gobierno cerró 10 estaciones de radio católicas y tres canales de televisión católicos.
La Iglesia se ha pronunciado en apoyo a los más de 200 presos políticos retenidos por el régimen en condiciones deplorables y ha brindado apoyo espiritual a sus familias.
La persecución contra la Iglesia ha continuado hasta 2023 con la policía prohibiendo las procesiones el día de Año Nuevo. Un sacerdote exiliado dijo a OSV News que sabía de al menos 10 sacerdotes encarcelados, junto con el obispo Álvarez y dos seminaristas.
David Agren, quien escribe para OSV News desde México, y Maria-Pia Negro Chin, editora de español de OSV News, contribuyeron a este artículo.