Por Gina Christian
CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) – Los defensores católicos de los migrantes están expresando su preocupación por un posible cambio en la forma en que las solicitudes de asilo son procesadas por los funcionarios de inmigración de EE.UU., así como las actualizaciones en el uso de información clasificada en los procedimientos de inmigración.
“Estamos revisando cuidadosamente la norma propuesta”, Chieko Noguchi, portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), dijo a OSV News. “Mientras tanto, los obispos siguen comprometidos a apoyar políticas que respeten la santidad de la vida humana dondequiera que se encuentre, para incluir ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México”.
“Estamos consternados al ver otra instancia de una norma propuesta para restringir aún más el derecho legal a solicitar asilo”, dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), a OSV News en un comunicado.
El 9 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció una “Notificación de Propuesta de Reglamentación” que permitiría aplicar las prohibiciones legales a las solicitudes de asilo “mucho antes en el proceso.” El aviso, de 52 páginas, se publicará el 13 de mayo para un periodo de comentarios públicos de 30 días que finalizará el 12 de junio.
Si se lleva a cabo, el cambio de normativa propuesto autorizaría a los funcionarios de asilo estadounidenses a evaluar y denegar las solicitudes de asilo durante lo que se conoce como “examen de temor creíble” inicial, en el que una persona detalla la persecución real o temida que ha sufrido en el país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.
Tales condiciones son la base para conceder asilo según la legislación estadounidense, que exige que los solicitantes estén físicamente presentes en Estados Unidos y busquen protección en el plazo de un año desde su llegada. No hay límites al número de personas que pueden solicitar asilo, cuyo principio se articula en el principio de no devolución de las Naciones Unidas, que protege a las personas de ser devueltas a situaciones en las que su vida o su libertad correrían peligro. Sin embargo, se dice que el Presidente Biden está considerando la posibilidad de invocar poderes ejecutivos para restringir la entrada en virtud de la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, parte del Título 8.
El asilo puede denegarse en virtud de la legislación estadounidense por motivos de terrorismo, seguridad nacional o delincuencia, y el cambio de norma propuesto permitiría a los funcionarios de asilo “tener en cuenta estos obstáculos al asilo y la retención de la expulsión… apenas unos días después de que se encuentre a una persona”, lo que permitiría al DHS “expulsar de forma expeditiva a las personas que supongan una amenaza para Estados Unidos mucho antes de lo que ocurre actualmente”, según la agencia.
Un informe de The New York Times de noviembre de 2023 revelaba que las solicitudes de asilo se habían disparado un 63% en el año anterior, con más de 800.000 presentadas. Había más de 2 millones de casos atrasados, con menos de 1.500 jueces y funcionarios de asilo en total para decidir sobre las solicitudes. Los tiempos de espera oscilaban entre tres y diez años.
Sin embargo, la norma propuesta “sólo afianza aún más a nuestro país en la dirección equivocada en materia de política de asilo”, dijo Gallagher, señalando que una prohibición de asilo propuesta por la administración Biden en 2023 “era inmoral y contraria a las enseñanzas de nuestra fe de acoger al extranjero y dar cobijo al oprimido”.
Además, el DHS subrayó que seguía aplicando la norma sobre la elusión de vías legales, que incentiva los procesos de inmigración ordenados al tiempo que impone condiciones de elegibilidad para el asilo y acelera la expulsión de quienes no la cumplen.