Por Maria-Pia Negro Chin y Gina Christian
WASHINGTON (OSV News) – La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presentó una demanda el 18 de febrero contra la administración Trump por la suspensión de los fondos para el reasentamiento de refugiados.
En la demanda, presentada en la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, los obispos calificaron esta suspensión de “ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados”, informó primero The Associated Press.
Los obispos también declararon en su demanda legal que la suspensión – que describieron como “una acción de agencia arbitraria y caprichosa” – “viola múltiples estatutos” y “socava la separación de poderes de la Constitución”.

Una portavoz de la conferencia episcopal (USCCB por sus siglas en inglés) dijo a OSV News que la demanda insta al gobierno “a mantener sus obligaciones legales y morales” con los refugiados y a restablecer la financiación necesaria para garantizar que las organizaciones religiosas y comunitarias puedan continuar su trabajo con los refugiados.
El Servicio de Migración y Refugiados de la USCCB es una de las 10 agencias nacionales de reasentamiento que trabajan con el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, o USRAP por sus siglas en inglés, el cual que fue establecido por el Congreso en 1980, formalizando el proceso por el cual los refugiados son reasentados legalmente en los Estados Unidos.
USRAP fue suspendido a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero y está siendo evaluado para ver si el reasentamiento de refugiados “es de interés nacional”. El Departamento de Estado emitió notificaciones de suspensión a las agencias nacionales de reasentamiento, incluida la USCCB, el 24 de enero, lo que ha afectado a la capacidad de las agencias de reasentamiento – muchas de ellas organizaciones de diferentes religiones – para llevar a cabo servicios para los refugiados, incluidos los del Programa de Recepción y Colocación, según una alerta para apoyar el reasentamiento de refugiados vista en el Centro de Alerta de Acción de USCCB.
El Programa de Recepción y Colocación (Reception and Placement Program o R&P) es un esfuerzo nacional que proporciona asistencia a los refugiados recién llegados para cubrir sus necesidades iniciales – incluyendo ayuda para encontrar vivienda inicial, conseguir empleo, matricular a los niños en la escuela, programar citas médicas y clases de inglés – durante los primeros 90 días que permanecen en el país.
Según la información de AP sobre la demanda, el presidente de la USCCB, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Archidiócesis de los Servicios Militares de EE.UU., dijo que “la conferencia se encuentra de repente incapaz de mantener su trabajo para atender a los miles de refugiados que fueron acogidos en nuestro país y asignados al cuidado de la USCCB por el gobierno después de que se les concediera estatus legal”.
Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, dijo a OSV News el 18 de febrero que la demanda presentada por USCCB “desafía la suspensión de la financiación para la asistencia a los refugiados que hemos gestionado durante décadas”.
“Los refugiados son personas que han sido sometidas a procedimientos especiales de selección e investigación de antecedentes por el gobierno de Estados Unidos y que huyen de las dificultades y la persecución en sus países de origen para reasentarse en los Estados Unidos”, dijo Noguchi en un correo electrónico. “A lo largo de esta larga colaboración con el gobierno estadounidense, la USCCB ha ayudado a casi un millón de personas a encontrar seguridad y construir sus vidas en Estados Unidos”.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, los refugiados son personas que han abandonado sus países de origen y no quieren o no pueden regresar debido a un temor real o fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.
Como afirma la demanda, USCCB “dirige el mayor programa no gubernamental de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos” y actualmente atiende aproximadamente al 17% de los refugiados que se reasientan en este país. Desde 1980, USCCB ha prestado servicios de reasentamiento a más de 930.000 refugiados, afirma la demanda.
“En la prestación de esta asistencia, la USCCB ha dedicado sistemáticamente más recursos de los que recibe en financiación federal relacionada”, explica la demanda. “En 2023, por ejemplo, la USCCB pagó 4 millones de dólares más en sus programas de reasentamiento de refugiados y programas relacionados de lo que recibió del gobierno federal”.
Sim embargo, dicen los obispos en su demanda, la conferencia episcopal no puede mantener la escala actual de sus servicios de reasentamiento de refugiados sin financiación federal.
“El hecho de que la financiación federal sea integral para los servicios de reasentamiento de la USCCB es un resultado directo de las decisiones del Congreso sobre el diseño del programa y las asignaciones destinadas al mismo”, dice la demanda. “Y la incertidumbre que ahora rodea a la financiación y a la colaboración de la USCCB con el gobierno provocará consecuencias a largo plazo, potencialmente catastróficas para los programas de la USCCB” y los refugiados a los que apoyan cuando estás personas llegan y se integran a sus nuevas comunidades.
“Instamos al gobierno a que cumpla sus obligaciones legales y morales con los refugiados y a que restablezca la financiación necesaria para garantizar que las organizaciones religiosas y comunitarias puedan continuar esta labor vital que refleja los valores de compasión, justicia y hospitalidad de nuestra nación”, declaró Noguchi.
En su demanda, los obispos estadounidenses especifican tres cargos de violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige el modo en que las agencias federales elaboran las normas. USCCB afirmó que la suspensión repentina de la financiación contraviene los estatutos de apropiaciones, al tiempo que no sigue los requisitos estándar de notificación y comentario en la elaboración de normas.
Los obispos afirman que, al suspender la financiación del programa, “el gobierno no tuvo en cuenta en absoluto las terribles consecuencias de sus acciones” ni consideró alternativas.
La demanda también apuntaba a la “primera justificación” de la administración Trump para la suspensión, que alegaba que la medida se alineaba con la orden ejecutiva de Trump de detener la ayuda extranjera. Los obispos dijeron que la asistencia extranjera mencionada, “no puede incluir plausiblemente subvenciones a una organización estadounidense sin fines de lucro para los refugiados en los Estados Unidos” ya que este no es un programa internacional.
Los obispos también señalaron en su queja que el gobierno “no explicó por qué sus acuerdos” con USCCB ya no se ajustan a las prioridades no especificadas de la administración, “una omisión particularmente flagrante dado que el gobierno ha financiado continuamente los programas de refugiados de la USCCB durante décadas”.
Además, dijeron, “al emitir la Suspensión de la Financiación a Refugiados, el gobierno también ignoró sus propias regulaciones”.
La conferencia episcopal solicitó que se anule la suspensión de la financiación y que se prohíba a la administración “temporal, preliminar y permanentemente” tomar cualquier medida contra USCCB en este asunto.