Caminando con los Migrantes
Por Obispo Nicholas DiMarzio
A medida que iniciamos un nuevo mandato presidencial, el asunto de política social que enfrentará nuestra nación girará en gran medida en torno a la restricción o expansión de la inmigración. Un artículo reciente lo expresó de manera sucinta, en estos términos: “La inmigración tiene tanto ventajas como desventajas que deben ser consideradas. Aporta beneficios económicos, cubre vacantes laborales, promueve la diversidad cultural, y contribuye a la economía global a través de las remesas. Sin embargo, también puede generar presión sobre los servicios públicos, afectar los salarios, y generar desafíos sociales”.

Explicar completamente los conceptos involucrados en esta declaración requeriría una gran cantidad de tiempo y espacio. Hay dos aspectos implícitos en este balance de costos y beneficios que estarán en el debate nacional en los próximos meses. ¿La deportación masiva de inmigrantes indocumentados beneficiará al país? ¿El aumento del número de trabajadores temporales en los sectores industrial y agrícola será beneficioso para la nación? Estas son dos cuestiones sociales. Sin embargo, la pregunta moral es: ¿cómo afectará esto a nuestras familias migrantes?
Las restricciones a la inmigración probablemente se realizarán mediante la deportación masiva de personas indocumentadas. La deportación ordinaria de extranjeros con antecedentes criminales siempre ha sido parte de la aplicación de las leyes de inmigración, al igual que las deportaciones masivas, como ocurrió al finalizar el Programa Bracero en la década de 1950.
Los estudios sobre la viabilidad de deportaciones masivas indican que la expulsión de aproximadamente 11.000.000 de indocumentados generaría muchas más desventajas que beneficios. Nuestro mercado laboral está cerca del pleno empleo, con una tasa de desempleo inferior al 5%. Los migrantes representan, dependiendo de la localidad, alrededor del 6% de la fuerza laboral. Los costos reales de la deportación parecen superar con creces cualquier beneficio derivado de una oferta laboral insuficiente, especialmente en la agricultura, la construcción, y los sectores de servicios.
Las deportaciones, junto con un cambio en la asignación de visas que favorezca a los trabajadores temporales en lugar de a los residentes legales permanentes – quienes eventualmente pueden optar a la naturalización – crearán problemas para la integración de estas personas, extranjeros permanentes en nuestra sociedad.
Estas crean un sistema de trabajadores por contrato con condición específicas de servicio que no pueden dejar al empleador que tramitó su visa. En algunas circunstancias, reciben salarios bajos y pueden generar una presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores estadounidenses. Finalmente, si no pueden ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes estas personas deben regresar a sus países de origen.
Se está creando una discrepancia interesante: quienes buscan restringir la inmigración se enfrentan a quienes desean expandir los visados para trabajadores, generalmente a expensas de la inmigración basada en la reunificación familiar.
Aquí es donde surge la cuestión moral. Desde 1965, las leyes de inmigración han favorecido la inmigración basada en la familia, a veces despectivamente llamada “migración en cadena”. La unidad familiar ha sido la base del éxito de nuestra nación como un país de inmigrantes. El sistema de inmigración de Estados Unidos no ofrece asistencia para la integración. Corresponde a los patrocinadores ayudar inicialmente a estos recién llegados a sobrevivir y adaptarse a nuestro sistema social.
Los empleadores, por lo general, no brindan ayuda a los trabajadores temporales o incluso a los residentes permanentes para cubrir necesidades básicas de integración, como vivienda, educación, y otros servicios sociales.
La migración en cadena de las familias ha sido el pilar que ha permitido a nuestro país integrar a los recién llegados sin un alto costo para la nación. Desafortunadamente, este proceso de migración en cadena está prácticamente detenido debido al retraso en el trámite de visado, lo que significa que en algunos países – como Filipinas e India – la reunificación familiar puede tardar entre 15 y 20 años.
Cuando caminas junto a los migrantes, puedes comprender los problemas reales que enfrentan y las contribuciones que hacen a nuestra nación de inmigrantes.

(El obispo Nicholas DiMarzio es obispo jubilado de la Diócesis de Brooklyn, Nueva York.)